Ayatolás

Publicado en la diaria
13.11.08
Por Marcelo Jelen

La Iglesia católica tiene al mundo harto con sus reflejos fundamentalistas.Cuando fracasa en la tarea de convencer a sus propios fieles, pretende que el Estado le extienda sus mandamientos a toda la población. Hace medio milenio les pedía a los reyes que expulsaran de sus dominios a los adoradores de otros dioses, a menos que se bautizaran. Hace un siglo, conminó sin éxito al Parlamento uruguayo a mantener un crucifijo custodiando cada cama de hospital, aun en aquellas donde reposaban pacientes no cristianos. Como se rompían matrimonios católicos, logró frenar la aprobación de leyes de divorcio en decenas de países. En Chile no hubo una hasta hace cuatro años.

A nadie debe extrañar, por lo tanto, que la Conferencia Episcopal uruguaya haya declarado fuera de “la comunión eucarística” a los legisladores católicos que avalaron la despenalización del aborto. Eso implica que se les prohibirá tener participación plena en ritos como la misa. Para un diputado o un senador que desee bautizar a un hijo, por ejemplo, resulta una sanción muy dura, hasta dolorosa.

Soportar en silencio que las autoridades de la Iglesia católica dispongan lo que se les antoje en relación con sus feligreses significaría menospreciarla, reducirla al papel de mero ente privado, como si se tratara de una empresa, un club deportivo o una organización no gubernamental. Pero una decisión así sería inaceptable aun si ése fuera el caso: las leyes vuelven remota la posibilidad de que instituciones privadas afines a esa comunidad religiosa, como el Club Juventus, el Círculo Católico de Obreros o la Universidad de Montevideo, nieguen sus servicios a partidarios de la despenalización. A la Iglesia, en cambio, se le permite actuar con impunidad.

El Estado uruguayo se separó de la Iglesia católica y abrazó el celibato religioso en 1917. Desde entonces, los sacerdotes de esa comunidad se han reservado la atribución de pronunciarse sobre la cosa pública. Mientras tanto, gobiernos y dirigentes políticos se abstienen, en general, de referirse a las cuestiones de la fe.

Además de decirles a las católicas que no deben abortar por respeto a Dios, monseñor Nicolás Cotugno y sus pares exigen al Estado amenazarlas con la cárcel, no sólo a ellas sino a todas las mujeres. Como si el Comité Central Israelita reclamara al Parlamento la circuncisión compulsiva para todos los bebés al cumplir ocho días de nacidos, con el fin de asegurarse de que los judíos la practiquen con sus hijos.

No es incoherente que un católico rechace el aborto como posibilidad en su familia y que, al mismo tiempo, acepte que lo tolere la ley. Ésta que el Parlamento aprobó el martes no obliga a las católicas ni a ninguna mujer a abortar si no lo desea. Apenas permite que lo hagan aquellas que así lo decidan.

El presidente Tabaré Vázquez hizo gala de un fundamentalismo similar al del episcopado con su veto a la despenalización, basado sobre sus convicciones “filosóficas y biológicas”. Sus ideas eran tan respetables como la fe de los obispos, pero dejaron de serlo, igual que las de ellos, porque cedió a la tentación de imponérselas al resto de la sociedad. Por eso tienen más de capricho que de ciencia. Porque no se puede jugar al truco con los derechos humanos, con la vida ni con la salud de las mujeres.

Su doble condición de oncólogo y presidente no lo convierten en el brujo de la tribu. Infalible es el papa, y sólo para quien crea en él. Vázquez no es más médico que la senadora Mónica Xavier, que el ginecólogo Leonel Briozzo ni que la inmensa mayoría de sus colegas. Su opinión como profesional no tiene más valor que la del Sindicato Médico del Uruguay.

La opinión de Vázquez como ciudadano no vale más que la de alrededor del 60 por ciento de los uruguayos que, de acuerdo con las encuestas, prefieren despenalizar el aborto. La opinión de Vázquez, Cotugno y el pastor Márquez sobre el origen de la vida y de la personalidad humana vale mucho, muchísimo menos que la de cualquier mujer que, por la razón que sea, tome la difícil decisión de interrumpir su embarazo.

Sin abdicar de sus convicciones, el presidente contaba en esta coyuntura con opciones que habrían supuesto un avance en la calidad de la democracia: dejar que la ley se promulgara sola dejando pasar los 10 días de plazo, o abrir paso a una votación del Consejo de Ministros, en lugar de resolver el veto por sí y ante sí. Luego, el bando fundamentalista y él mismo podrían haber promovido un referendo para que la ciudadanía decidiera.

Pero Vázquez eligió el camino de los ayatolás. Si los previsibles recursos contra la cuestionable legalidad del veto fracasan, habrá que esperar. Habrá que esperar un presidente que siga las enseñanzas de Jesucristo: darle al César lo que es del César, a dios lo que es de dios, y a las mujeres la libertad de decidir que sólo a ellas corresponde.