La ley y la moral

Publicado en El País
23.11.08
Por Julio María Sanguinetti

El partido de gobierno nos ha sumergido en su propia interna a propósito del tema de la despenalización del aborto. Los legisladores frentistas empujaron una ley sabiendo que el Presidente la vetaría. Como se esperaba, no hubo votos para levantar el veto y aquí no ha pasado nada. Mientras tanto se vivió un lamentable circo mediático, con una exacerbación de sentimientos que impidió el debate serio que nos impone lo sensible del tema. Hasta el Arzobispo de Montevideo, que tiene todo el derecho a sostener lo que su conciencia le dicte, se sintió autorizado -además de opinar- a amenazar a legisladores con la temida excomunión, agrediendo la independencia de juicio de un representante del pueblo, al cual el sistema democrático ha tratado de preservar de toda presión para que actúe sin temores, conforme a su criterio.

Ante todo, reconozcamos que enfrentamos un fracaso de nuestra educación sexual y prevención sanitaria. Si aquella fuera suficiente y los medios anticonceptivos estuvieran a disposición, especialmente de las adolescentes, el aborto sería una práctica en retroceso, como ocurre en el mundo occidental. Desgraciadamente, en los últimos años, nos llega del exterior un retrógrado fundamentalismo religioso, que ha reinstalado la idea de la procreación a todo trance, de la condenación del placer sexual y un terrorismo sancionatorio sobre cualquier tipo de interrupción del embarazo, que ha inhibido la expansión de los métodos anticonceptivos modernos y, naturalmente, la realización de aquellos abortos que la ley autoriza.

El segundo fracaso es jurídico. En nuestro país, la ley de 1938 habilita a realizar un aborto, sin sanción para la mujer que lo desee, dentro de las primeras doce semanas de gestación, por una razón de honor familiar, de violación, de riesgo grave de su salud y aun de "angustia económica". O sea que se le da al Juez un amplio margen de acción, pero que en los hechos no se usa. La mujer sumergida en la angustiosa situación de sentirse obligada a abortar, difícilmente contrate un abogado, ventile el asunto en un Juzgado para lograr una autorización y luego salga a buscar un médico que esté dispuesto a practicar la intervención. Esto se ha resuelto de un modo práctico en países como España, Italia y Francia, que cultivan nuestros mismos valores morales y no sólo han despenalizado la situación sino que han instrumentado, con éxito, la atención a la mujer, logrando que los abortos disminuyan y que, cuando ocurren, no generen los riesgos enormes que la clandestinidad impone. Estos peligros no se pueden ignorar y suponen una discriminación social muy triste, porque es bien sabido que son mujeres jóvenes, pobres y de baja educación, las que terminan siendo víctimas de procedimientos inseguros.

Pasando al tema de fondo, digamos que nadie en su sano juicio puede ser entusiasta del aborto. Él siempre es un fracaso, un dolor, una situación extrema de tensión que asume una mujer ante un compelimiento moral que siente insuperable. Ellas le llevan a interrumpir un embarazo que evidentemente no deseó, o que siente penoso para su propia vida y la de su futuro hijo. ¿Se cree que el Estado tiene el derecho de imponerle a la mujer la obligación de tener un hijo que no quiere y cuya existencia puede significar un tormento para ambos? Realmente, ¿alguien desea criminalizar y llevar a la cárcel a una mujer que ha llegado a esa situación por las razones que hablamos?

Se insiste en la idea que se trata de segar una vida. No se puede sostenerlo ni jurídica ni científicamente: estamos ante una potencialidad de vida, pero no ante la existencia de una persona, que sólo será considerada tal cuando alcance la madurez mínima para subsistir. También hay un organismo vivo en un óvulo fecundado in vitro por un espermatozoide, pero no tenemos una persona.

El pensamiento moral ha avanzado mucho. Teólogos cristianos, protestantes, consideran el nacimiento como un "umbral decisivo" de la vida y no como un mero accidente en una vida ya existente. Moralistas musulmanes sustentan criterio parecido. Y lo mismo ocurre en el derecho, que sigue considerando que un "ser humano" es "persona" cuando nace, del mismo modo que en términos generales se ha generalizado el concepto de no penalizar a la mujer que consiente un aborto.

Aún la siempre invocada Convención Interamericana de Derechos Humanos, establece la protección "en general", de la vida, desde la concepción hasta la muerte, porque no puede decir "absolutamente" ya que toda legislación establece excepciones al derecho a la vida, como es la legítima defensa o justamente, en ciertos casos, el aborto consentido.

En el mundo entero, la moral laica, liberal, ha ido superando a la vieja moral emanada de concepciones religiosas. Esa moral es la que liberó a la mujer de las condenas que éstas le impusieron por siglos. Es la que permitió reconocer el derecho de investigar la paternidad de un hijo y darle a la filiación natural la misma protección que a los hijos de matrimonio legítimo, o aun la facultad de disolver el vínculo mediante el divorcio, que tantos encendidos debates produjera en el país hace cien años.

La moral laica no preserva derechos hacia el más allá, pretende que en esta vida terrena -la única a la que nuestra razón puede tener acceso- los seres humanos seamos los más libres y felices que podamos.

En esa dimensión la maternidad no puede ser nunca un acto de resignación sino solamente el resultado del deseo libremente expresado, del amor y la voluntad. Una maternidad no querida es un sufrimiento doble que el Estado no puede imponer, invadiendo la conciencia de una mujer. Mujer que, si no desea abortar, nunca será obligada a ello, porque no hay ley que imponga tamaña barbaridad.

Todo lo cual nos hubiera gustado discutir libre y seriamente, sin agravios para nadie. Porque los liberales no somos aspirantes a genocidas ni los católicos cómplices de las clínicas clandestinas de abortos.