De a uno, señores

Un desfile de jerarcas de gobierno en el juzgado.

El caso Bengoa se complica cada vez más

El ex director de Desarrollo Económico de la IMM, Alberto Rosselli, (hoy funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República), el ex titular de los casinos municipales y del Estado, Juan Carlos Bengoa, el ex director nacional de Loterías y Quinielas, Orestes González Braida, y la arquitecta que llevó adelante las obras de refacción en el casino Parque Hotel volverán a declarar ante la jueza penal Fanny Canessa antes de la feria judicial, que comenzará el 25 de diciembre.

Paralelamente, otro juez penal, Jorge Díaz, solicitó a Canessa la autorización para realizar una audiencia antes de la feria a la que está citado el empresario Felipe Ruiz, propietario de Sabid SA, una de las empresas que participaron en la maniobra fraudulenta que arrojó pérdidas millonarias para la Intendencia de Montevideo. Ruiz es uno de los cinco procesados, desde el 20 de diciembre de 2007, junto a Bengoa y González Braida.

Además de la maniobra en los casinos, Ruiz fue denunciado por el Banco de Previsión Social (BPS) por evasión de aportes de los trabajadores en Sabid, la empresa encargada del mantenimiento de los slots de la comuna. El empresario argumentó que no podía volcar los aportes porque la IMM no le pagaba.

Por su parte, Bengoa y González Braida deberán explicar ante la jueza Canessa algunas novedades que surgieron tras la apertura de sus declaraciones juradas firmadas ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera, popularmente conocida como Junta Anticorrupción. En su declaración jurada, González Braida (quien antes de ser designado al frente de Loterías y Quinielas fue asesor de Bengoa) reconoció ser socio de una de las empresas que alquilaba slots a la IMM, algo que omitió decir cuando declaró ante la justicia, antes de ir a prisión.

En noviembre, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno ratificó los procesamientos con prisión de Bengoa, González Braida, Ruiz, el ex asesor (y amigo de Bengoa) José Luis “Cabeza” Antúnez y el ex encargado del control y seguimiento de las máquinas de azar de la IMM Gustavo Dalmonte, quienes desde hace casi un año están presos por los delitos más graves contenidos en la llamada Ley Anticorrupción.

Las pruebas contra Bengoa y los otros cuatro procesados “conforman los elementos de convicción suficientes que permiten vincular a todos los encausados con el proceso por los delitos que se atribuyen a cada uno”, señala el Tribunal de Apelaciones que mantuvo, por unanimidad, el fallo original de la jueza Canessa.

“Interrogatorios profundos podrán demostrar lo que sostienen los respectivos defensores respecto a que todos estaban en total conocimiento de la gestión de Casinos, por lo que no hubo engaño y todas las medidas se tomaron con conocimiento y conformidad de los mismos. Pero también podrá demostrarse lo contrario y que los jerarcas confiaban en Bengoa y su equipo al punto que fueron engañados”, sostiene la resolución del tribunal que confirmó el fallo contra los cinco procesados en el affaire casinos.

En la escala jerárquica municipal de aquel entonces, los jerarcas por encima de Bengoa a los que alude la resolución judicial eran el ex intendente, ex ministro de Vivienda y actual senador Mariano Arana, la ex secretaria general de la IMM y actual ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz y Alberto Rosselli.

Por eso, una vez culminada la feria judicial en febrero de 2009, la justicia se apresta a realizar careos entre Arana, Muñoz, Rosselli y algunos de los implicados en el caso de corrupción más complejo para este gobierno y la izquierda uruguaya.