Más allá de la ley de cuotas

El reciente debate parlamentario sobre el proyecto de ley de cuotificación femenina nos deja varias enseñanzas. Que la oposición a esta ley, en la mayoría de los casos, se argumente sobre la base de un estereotipo femenino conservador que relega a la mujer al ámbito del hogar, es ante todo una señal alarmante sobre las ideas que predominan entre los responsables de decidir nuestras leyes.

Un debate parlamentario donde no estuvieron ausentes los comentarios despectivos y los prejuicios peyorativos es también una lamentable muestra de la impunidad con que se discrimina a las mujeres en Uruguay, país donde quedó claro que el maltrato hacia la mujer toma estado público y es alentado desde los poderes del estado por aquellos a quienes mandatamos para que nos representes. Bajo estas consideraciones es comprensible el atraso que tiene el país en legislación y políticas sobre género.



También es preocupante la falta de debate y el lugar totalmente secundario que tiene la discriminación laboral de la mujer en la agenda pública. Según la última Encuesta Continua de Hogares, la tasa de desempleo femenino en el país duplica a la tasa de desempleo masculino. Por otra parte, varias investigaciones sobre los mercados laborales dan cuenta de las peores condiciones en el empleo femenino: menores salarios, más precariedad laboral y menor acceso a puestos jerárquicos, tanto en el sector privado como en el estatal.

Más allá de la complejidad del problema de la discriminación que es multicausal, es central el papel de la legislación laboral en la definición de un marco institucional que permita reglamentar políticas y acciones que involucren al estado, el sector privado y la sociedad civil.

De acuerdo a un estudio publicado en PARLAMENTA, la tasa de presentación de proyectos de género de las parlamentarias es casi seis veces superior a la de los parlamentarios, razón que por sí sola justifica y con urgencia la aprobación de la ley de cuotas para ampliar el porcentaje de legisladoras.

Estos datos permiten atribuir al crecimiento de la participación de mujeres en el parlamento, los avances en la legislación sobre violencia doméstica y salud reproductiva. De todas formas, aún existe un vacío importante en materia de legislación laboral.

Las leyes sobre maternidad están desactualizadas. El Decreto-Ley 15.084 de 1980 establece que la trabajadora grávida deberá cesar todo trabajo seis semanas antes de la fecha presunta del parto y no podrá reiniciarlo sino hasta seis semanas después del mismo, aunque las beneficiaras autorizadas por la Dirección de las Asignaciones Familiares podrán variar los períodos de licencia anteriores manteniendo el total de las doce semanas.

La legislación vigente para lactancia tiene más de cincuenta años. Se trata de un decreto de 1954 según el cual si la empleada u obrera amamanta a su hijo está autorizada a interrumpir su trabajo para este fin, durante dos períodos de media hora dentro de su jornada diaria, que serán contados como trabajo efectivo. Además “el INAU fijará la duración del período de amamantamiento. Como en la práctica, a no ser que la trabajadora viva muy cerca de su lugar de trabajo, o que le lleven al bebé es casi imposible que pueda amamantar a su hijo en media hora, es por ello que se acuerda con la empresa unir las dos medias horas y entrar una hora más tarde o salir una hora antes.”

Como se puede observar, nuestra legislación es sumamente avanzada para los cánones del siglo XIX, cuando era socialmente aceptado que las obreras fueran tratadas como animales y tampoco se cuestionaba el maltrato hacia los animales. Pero para el siglo XXI es anacrónica. Si consideramos que un bebé debe alimentarse exclusivamente con leche materna hasta los seis meses para no comprometer su salud y su posterior crecimiento, nuestras leyes ponen en riesgo la salud de nuestros hijos y promueven su abandono.

Por otra parte, a no ser que vivas en la Italia de Mussolini, “la duración del período de amamantamiento” no debería ser la decisión de un burócrata.

Aunque hay algunas leyes más recientes que tienden a solucionar algunas de estas limitaciones, aún son insuficientes.

Uno de los mayores avances es un proyecto de ley del año 2006 para extender la licencia por maternidad a 180 días de acuerdo a la práctica internacional. Pero estamos en 2008 y continúa pendiente su aprobación. Es claro que para muchos de los actuales legisladores no es una prioridad resolver uno de nuestros principales problemas: trabajar y al mismo tiempo cuidar a nuestros hijos. Con el sueldo que gana un legislador se pueden dar el lujo de tener una esposa que no trabaje. O si no es tan conservador y se casó con una “mujer moderna” que quiere trabajar, puede contratar a alguien para que le cuide a los hijos. No es este el caso de la mayoría de las uruguayas que trabajan, no para realizarse profesionalmente, sino porque necesitan el salario para poder vivir.

Por otra parte, tampoco los avances de este gobierno a nivel laboral, se manifestaron en grandes mejoras para las condiciones de las trabajadoras. Las políticas concretas que apuntan a los problemas laborales de género son escasas y de bajo impacto.

En los Ministerios que regulan el funcionamiento de los sectores productivos -Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca- y el propio Ministerio de Trabajo no existen programas sobre género. A esta carencia de programas específicos en el marco de los ministerios, se suma otro problema: los programas existentes no contemplan ninguna dimensión de género.

El único programa de estas características está a nivel de la ex JUNAE y es un raquítico plan de cursos de capacitación de escasa cobertura y focalizados en algunos sectores. En el Ministerio de Industria, los promocionados programas para PyMES tampoco tienen líneas específicas para mujeres. En el Ministerio de Agricultura no hay programas específicos para las mujeres rurales, ni los programas de desarrollo rural contemplan una dimensión de género. No hay políticas de discriminación positiva. Y esto representa un gran atraso no sólo respecto al resto del mundo, sino también en relación a los otros países de la región.

Por otra parte, muchas mujeres en situación de discriminación no denuncian este problema por temor a perder el empleo. En estos casos se necesita un papel más activo del estado para indagar sobre las causas en los distintos sectores productivos e implementar políticas para solucionar los problemas. Las condiciones de empleo femenino desfavorables respecto al empleo masculino muestran que hay situaciones de discriminación que no son resueltas y, por lo tanto, es una evidencia de la incompetencia del Ministerio de Trabajo que es quien debería fiscalizar.

Cada vez más países establecen marcos institucionales adecuados para solucionar las diferencias de género y fomentar políticas empresariales tendientes a mejorar la participación de la mujer como el medio horario, el trabajo domiciliario y la creación de guarderías.

En Uruguay la normativa es insuficiente, obsoleta e inadecuada a las necesidades de las mujeres con hijos. No sólo no hay incentivos para que las mujeres puedan permanecer y progresar en un trabajo, sino que ni siquiera se controlan de manera adecuada los problemas de discriminación. Ante esta situación no es difícil comprender por qué las mujeres uruguayas no acceden a puestos jerárquicos: no tienen otra alternativa que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, o si quieren seguir trabajando deben resignar la maternidad. Peor aún es la situación de quienes están obligadas a “optar” por trabajos informales pero más flexibles. En este caso el Estado es el principal responsable de la precariedad laboral.

Un dato curioso, que desmiente la utilidad de una de las principales recetas de los expertos en políticas públicas, es que si bien este gobierno tiene una mayor presencia femenina en ministerios y subsecretarías, esta presencia no se traduce en mejores políticas laborales para las mujeres uruguayas. Más allá del valor simbólico, la mayor presencia femenina en cargos públicos, en este caso no demostró ser mucho más que una mera forma.

Otro dato curioso en este sentido, es que el proyecto de ley más importante, el que propone 180 días de licencia por maternidad, fue presentado por un hombre. Probablemente esta ausencia de propuestas de legislación y políticas laborales sobre género esté reflejando la escasa experiencia laboral de las políticas uruguayas en el sector privado. Con los beneficios que ofrece trabajar en el sector público, los privilegios de tener el respaldo de un marido en un empleo privado o las ventajas de hacer carrera como ama de casa para ocupar la banca es seguramente difícil que conozcan los problemas de quienes no tienen esas alternativas, en este caso, la mayoría de las uruguayas.

La ley de cuotas seguramente tendrá un impacto positivo, pero es probable que no sea suficiente. La condición de mujer no es garantía de propuestas, ni de voluntad política para defender proyectos de género, ni de capacidad para proponerlos.

El debate sobre la ley de cuotas es en varios sentidos una pésima señal. Los prejuicios de los legisladores y la impunidad con que varios de ellos expusieron su misoginia hablan de una sociedad que la tolera y también de un ejercicio de la democracia poco inteligente por parte de las uruguayas. La única esperanza de que esto pueda cambiar es el recambio generacional de las ciudadanas.

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