La Asociación de la Prensa Uruguaya quiere manifestar preocupación y alerta por una sucesión de casos ocurridos en los últimos días, tanto desde ámbitos públicos como privados, que afectan en diverso grado la libertad de expresión y el derecho al trabajo de periodistas:
1.- Ha tomado estado público que una investigación del periodista César Bianchi del suplemento Qué Pasa del diario El País, fue objeto de censura al interior de la empresa El País S.A. El informe censurado hacía referencia a la actividad del contratista Francisco Casal y su empresa Tenfield, titular de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. El informe llevaba varios meses de trabajo y estaba prevista su publicación para el sábado 18 de agosto, pero no pudo ver la luz por una decisión al más alto nivel empresarial. Se trata de un caso grave de censura sobre asuntos de interés general, esta vez proveniente desde el propio ámbito empresarial.Estas prácticas violentan la libertad de expresión del periodista y el derecho a la información de los ciudadanos, dado que por la amplitud del informe censurado no se puede justificar en la autonomía editorial. Estas prácticas impactan directamente en el periodista víctima de censura y en el resto de los colegas que trabajan en dicha empresa, debido a que puede derivar en autocensura.
2.- La APU ha constatado que la periodista Karina Caputi que trabaja en radio FM Conaquistador de Treinta y Tres, enfrenta un clima de hostigamiento, que incluyeron presiones en su lugar de trabajo. Se trata de descalificaciones a su trabajo profesional realizada por parte de algunos ediles y un clima de enfrentamiento por parte de integrantes del Ejecutivo comunal. Llama la atención en aquel departamento la costumbre casi institucionalizada de presionar a través de la solicitud de grabaciones, práctica que es casi diaria según expresión de los propios colegas olimareños. La APU ha realizado gestiones ante el propietario de la radio y ante el propio intendente Amaral, a los efectos de advertir que las interferencias en el trabajo profesional y las presiones, son formas de censura indirecta. En adelante, el sindicato seguirá este caso de cerca.
3.- El periodista Ignacio Alvarez denunció una amenaza contra su integridad física, producida luego de que en radio Sarandí diera a conocer un informe sobre publicidad engañosa. Este tipo de amenaza también forman parte del elenco de presiones y ataques a la libertad de prensa, porque no sólo afectan sicológicamente al periodista víctima, sino que buscan amedrentar a quienes investigan sobre asuntos que afectan a la sociedad toda.
ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA
COMUNICADO DE EL PAÍS EN RESPUESTA A APU:
Un comunicado difundido ayer por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) alerta sobre la supuesta censura que El País habría practicado sobre un artículo redactado por uno de sus periodistas, referido a la actividad empresarial del grupo Tenfield. El País no practicó censura alguna sobre el citado informe periodístico sino que consideró que el mismo no reunía las condiciones requeridas de equilibrio y relevancia informativa para su publicación, en un tema en que las posiciones suelen estar teñidas de parcialidad, personalismos y enconos recíprocos. Dicho criterio fue expuesto claramente al periodista autor de la nota. El País ha publicado y seguirá publicando información sobre la empresa Tenfield y el empresario Francisco Casal. Ello, incluso, ha provocado fricciones y reclamos de parte de ese grupo y en tales casos El País siempre defendió el profesionalismo de sus periodistas. El informe al que se hace referencia no contenía, por otra parte, noticias relevantes sobre el tema por lo que el derecho de información de los lectores nunca fue afectado. El País rechaza y lamenta la temeraria interpretación que de los hechos realizó APU, entidad que jamás tomó contacto con la empresa a fin de interiorizarse del caso.
El País S.A.
1.- Ha tomado estado público que una investigación del periodista César Bianchi del suplemento Qué Pasa del diario El País, fue objeto de censura al interior de la empresa El País S.A. El informe censurado hacía referencia a la actividad del contratista Francisco Casal y su empresa Tenfield, titular de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. El informe llevaba varios meses de trabajo y estaba prevista su publicación para el sábado 18 de agosto, pero no pudo ver la luz por una decisión al más alto nivel empresarial. Se trata de un caso grave de censura sobre asuntos de interés general, esta vez proveniente desde el propio ámbito empresarial.Estas prácticas violentan la libertad de expresión del periodista y el derecho a la información de los ciudadanos, dado que por la amplitud del informe censurado no se puede justificar en la autonomía editorial. Estas prácticas impactan directamente en el periodista víctima de censura y en el resto de los colegas que trabajan en dicha empresa, debido a que puede derivar en autocensura.
2.- La APU ha constatado que la periodista Karina Caputi que trabaja en radio FM Conaquistador de Treinta y Tres, enfrenta un clima de hostigamiento, que incluyeron presiones en su lugar de trabajo. Se trata de descalificaciones a su trabajo profesional realizada por parte de algunos ediles y un clima de enfrentamiento por parte de integrantes del Ejecutivo comunal. Llama la atención en aquel departamento la costumbre casi institucionalizada de presionar a través de la solicitud de grabaciones, práctica que es casi diaria según expresión de los propios colegas olimareños. La APU ha realizado gestiones ante el propietario de la radio y ante el propio intendente Amaral, a los efectos de advertir que las interferencias en el trabajo profesional y las presiones, son formas de censura indirecta. En adelante, el sindicato seguirá este caso de cerca.
3.- El periodista Ignacio Alvarez denunció una amenaza contra su integridad física, producida luego de que en radio Sarandí diera a conocer un informe sobre publicidad engañosa. Este tipo de amenaza también forman parte del elenco de presiones y ataques a la libertad de prensa, porque no sólo afectan sicológicamente al periodista víctima, sino que buscan amedrentar a quienes investigan sobre asuntos que afectan a la sociedad toda.
ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA
COMUNICADO DE EL PAÍS EN RESPUESTA A APU:
Un comunicado difundido ayer por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) alerta sobre la supuesta censura que El País habría practicado sobre un artículo redactado por uno de sus periodistas, referido a la actividad empresarial del grupo Tenfield. El País no practicó censura alguna sobre el citado informe periodístico sino que consideró que el mismo no reunía las condiciones requeridas de equilibrio y relevancia informativa para su publicación, en un tema en que las posiciones suelen estar teñidas de parcialidad, personalismos y enconos recíprocos. Dicho criterio fue expuesto claramente al periodista autor de la nota. El País ha publicado y seguirá publicando información sobre la empresa Tenfield y el empresario Francisco Casal. Ello, incluso, ha provocado fricciones y reclamos de parte de ese grupo y en tales casos El País siempre defendió el profesionalismo de sus periodistas. El informe al que se hace referencia no contenía, por otra parte, noticias relevantes sobre el tema por lo que el derecho de información de los lectores nunca fue afectado. El País rechaza y lamenta la temeraria interpretación que de los hechos realizó APU, entidad que jamás tomó contacto con la empresa a fin de interiorizarse del caso.
El País S.A.
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La censura a la nota de César Bianchi fue revelada por Mario Bardanca en Deporte Total del 26 de agosto. Si bien Bardanca habló de "presión o vínculos empresariales" que determinaron que ese trabajo "no salga a la luz", en ningún momento acusó a alguien en forma directa. Sí lo hizo una nota publicada la semana pasada por La República, sin firma pero con toda la pinta de ser obra de Ricardo Gabito Acevedo, que llamó a Bianchi para confirmar la censura. Según el artículo, Fernán Cisnero -actual editor de Qué Pasa- "había dispuesto que el trabajo del Licenciado Bianchi viera la luz pública en el mes de abril, pero diferentes motivos fueron postergando su publicación". Seguramente uno de ellos sea que en abril, el editor de Qué Pasa todavía era Antonio Alvarez, por lo que es altamente improbable que Cisnero tomara decisiones sobre el suplemento. Este error, que en un principio podría parecer bastante choto, pone en riesgo la credibilidad de la información consignada: si estaba pronta desde abril, sería bueno saber qué demoró su salida hasta agosto o si estuvo relacionada de alguna manera con la renuncia de Alvarez. La respuesta al primer cuestionamiento está incluida en la nota: en abril, El País había publicado datos de la oferta que había hecho la empresa Costa Balear SA (integrada por accionistas de los canales de cable Montecable y Nuevo Siglo, propiedad de Canal 4 y Canal 12, respectivamente) a la AUF por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. La difusión de esos datos habría molestado a la empresa Tenfield -actual propietaria de los derechos-, ya que la oferta de Costa Balear era notoriamente superior. Aparentemente, Tenfield habría presionado para que se corrigieran los números publicados y este "desencuentro" sería la principal razón del postergamiento de la nota, vaya a entender uno por qué.
Más allá de estas cuestiones, es llamativo que la APU responsabilice a "la empresa El País SA" de haber sido la censora principal, aunque eso sea lo que denuncia la nota de La República. Es decir, si bien El País SA es propietaria del diario homónimo, también lo es de muchos otros productos y servicios, lo que debería haber provocado que al menos un integrante de APU (donde me consta que hay seres pensantes) levantara el teléfono, llamara a El País (SA, no el diario) y preguntara si la censura era cierta y, en caso de confirmarlo, saber a qué se debía. Acto seguido, tanto ante la negativa como la posible confirmación, esta persona debería haberse indignado al punto de emitir un comunicado, horrorizado no sólo ante la censura sino ante el hecho de que las decisiones editoriales de un diario sean tomadas por el directorio de los accionistas. Si, lo sé, estoy hablando de ética y encima pecando de naïf, pero me cuesta creer que la APU (o cualquier periodista medianamente sensato) no lo cuestione en público. Más teniendo en cuenta la insólita respuesta generada por... El País SA. No el diario El País ni cualquiera de sus directores sino la mismísima empresa propietaria, que además no tiene ninguna clase de vergüenza de proclamar que "consideró que (el informe) no reunía las condiciones requeridas de equilibro y relevancia informativa para su publicación, en un tema en que las posiciones suelen estar teñidas de parcialidad, personalismos y enconos recíprocos". O sea: nos cagamos en Bianchi, Cisnero y cualquier otro editor que ande en la vuelta (y que nosotros mismos elegimos) y hacemos lo que se nos canta porque el diario es nuestro y punto. A título personal, me encantaría conocer que tanta "relevancia informativa" tienen notas sobre "las milagrosas cremas Chamán", una noche en la discoteca Cocodrilo de Buenos Aires o la toma de la Ciudad Vieja por parte de los planchas, todas ellas escritas por Bianchi, quien seguramente todavía se debe estar preguntando por qué le vienen a hablar de información relevante cuando le permiten escribir sobre una pomada mágica. De todas maneras, los criterios de relevancia aplicados son bastante amplios. Sin ir más lejos, hace unos meses censuraron una nota un tanto crítica de la charla de Brian Weiss en el Radisson porque una de las integrantes de la familia Scheck es una fanática seguidora del nuevo gurú de la terapia de regresión y temieron que pudiera sentirse afectada si alguien le tomaba el pelo a su guía espiritual en su propio diario. En serio.
En cuanto al tercer caso denunciado por APU, nada me haría más feliz que las supuestas amenazas contra la integridad física de Ignacio Alvarez se concretaran en el menor tiempo posible. Ustedes, sean quienes sean, cuentan con mi total apoyo y devoción.
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