Sí, soy un chanta. En lugar de generar un texto específico para esta ocasión, decidí autoplagiarme, y citar un viejo texto de mi blog. Más allá del pelotudismo, hay una excusa que justifica mi decisión: homenajear a cursos para/lelos, como una suerte de ombusman de los consumidores de medios. Y también, buscar hacer calentar media neurona a la inmensa cantidad de oligofrénicos que salen de las carreras de comunicación, entre los que me incluyo.
Salute, y aguante Unión Atlética (Gaviota, no existís).
Mediocres precavidos
Hay una frase que se repite, por parte de tantos y tantos egresados de comunicación de las hermosas instituciones de enseñanza terciaria: "no hago periodismo de periodistas". Primer grave error: en todo caso, al menos digan “periodismo sobre (lo que hacen otros) periodistas”. Evítense el papelón y aprendan gramática, analfabetos. Pero lo lamentable es que repiten su afirmación como si fuera una verdad absoluta, como si fuera tan cierto, que no necesita demostración. Para ellos, es un axioma. Y me hincha la punta de la japi. El que no quiere que los periodistas sean considerados plausibles de ser protagonistas de información, es el que tiene miedo de equivocarse y quedar pegado en el futuro. Es el que tiene cola de paja o el que tiene mala leche. Son protagonistas de un corporativismo estúpido. Me hacen acordar a los que hablan de “códigos”. Los “códigos” del fútbol, los “códigos polítios”, los de carnaval y todos los que se les ocurran, jamás ayudan a quien hace las cosas bien. Siempre están para cobijar al que metió la pata. “No lo prendas fuego, tené códigos”. A ver: si un periodista no dice que otro cometió un plagio o que un medio mintió ¿no está ocultando algo importante a sus lectores / oyentes / televidentes? ¿No es importante para la población de un país estar al tanto de la calidad de los medios que consume?
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25 junio 2008
El nuevo periodismo (uruguayo)
23 junio 2008
Demandá que es gratis
O yo estoy demasiado atenta al tema, o realmente rompe los ojos. En los últimos meses hubo varios casos de periodistas y comunicadores que se enfrentaron (o se enfrentan) a juicios por “difamación e injurias”. Cuando Daniela me invitó a participar en Cursos (y espero que con esto me pase a mejor vida), se me ocurrió escribir al respecto. Buscando más información sobre los casos en cuestión, me encontré con otros que no conocía, que no tuvieron repercusiones en los medios.
Quizá todos recordamos a Ana María Mizrahi, periodista de Canal 5, soportando los caprichos de Celeste Álvarez, sobrina del Goyo. “La Turca” entrevistó al ex tupamaro, José Luis Rodríguez, que acusó de asesino a Artigas Álvarez (padre de Celeste). La niña se sintió ofendida, y ¿qué hizo? Denunció a Mizrahi. No se quejó de Rodríguez, sino de Mizrahi. Lo que pretendía la sobrina del Goyo era que la periodista “detuviera” los dichos del entrevistado, a lo que Mizrahi respondió: “Yo no voy a censurar”. Parece lógico ¿no? Digo, la parte en que el periodista se ocupa de hacer preguntas.
La etapa del juicio es muy pintoresca, allí se sumaron la carencias de la justicia (como no saber hacer funcionar un dvd para ver la entrevista), la falta de respeto por parte de la fiscal Brenda Puppo (que olvidó apagar el celular e hizo retirar a los camarógrafos y fotógrafos de la sala, a pesar de ser una audiencia pública) y la evidente desinformación de la fiscal, que no sabía cómo se llamaba el programa de la Turca en Canal 5 (se llama “La noticia y su contexto”, Brenda). ¿Desde cuándo un periodista tiene que explicar por qué le pareció noticioso el tema a tratar, por qué eligió ese invitado, por qué pregunta tal o cuál cosa, o si conocía de antemano las respuestas del entrevistado?
En 2006, la Suprema Corte de Justicia condenó al periodista Carlos Dogliani a cinco meses de cárcel. El motivo: difamación al entonces intendente de Paysandú, Álvaro Lamas. En varios de sus artículos del año 2004, Dogliani lo acusó “la dudosa exoneración del impuesto sobre una deuda de 300.000 dólares, contraída en una inversión inmobiliaria”, como indicó Reporteros Sin Fronteras. Cuando un periodista debe demostrar la veracidad de sus dichos, pero no puede revelar fuentes: ¿qué hace? ¿Va preso?
Roger Rodríguez es uno de los pocos periodistas que investigó a fondo los crímenes de la Dictadura. Tres publicaciones suyas involucraban al militar retirado Eduardo “Zapato” Mangini en la muerte del estudiante Santiago Rodríguez Muela, ocurrida en 1972 en el liceo nº8. Esto derivó en que el “Zapato” Mangini lo acusara por difamación e injurias. ¿Cómo falló la justicia? “No hubo intención de difamar sino de informar”. Coincido con Marcelo Jelen en que “el periodista Roger Rodríguez tiene muy mala suerte o las leyes vigentes ahora en Uruguay funcionan igual que en la dictadura, 23 años después de la restauración democrática, si de libertad de expresión y búsqueda de la verdad se trata”.
Parece ser una moda, que posibles y confirmados violadores o asesinos ocupen su tiempo (y se ganen unos minutos en televisión) en denunciar a comunicadores. No hace mucho, le tocó el turno al ya difunto programa de Canal 10, La Culpa es Nuestra. El conocido Pablo Goncálvez (conocido por asesinar a tres mujeres y por aún declararse inocente) reclama cuatro millones de pesos por parte de los responsables del programa (Gonzalo Cammarota, Jorge Piñeyrúa y Carlos Tanco, aclaremos, no en su calidad de Darwin Desbocatti). El “problema” fue que Tanco hizo un informe sobre el hacinamiento carcelario, los presos “vip” y la posibilidad de una revista “Caras” para los muchachos privados de libertad. Las imágenes mostraban cómo se amontonarían, y el que aparecía primero (es decir, atrás) era Goncálvez. El serial killer, como se cuenta acá, debe tener una imaginación bastante desarrollada, ya que asumió que ese informe lo mostraba teniendo un acercamiento sexual con el resto de los personajes del informe. Además de tener una imaginación desarrollada, tiene una la web oficial tan bizarra como la situación de que se sienta ofendido ante un informe humorístico de televisión. Sí, porque el tape “perjudicó moralmente” a Goncálvez, su esposa y su hija de un año de edad, según dijo el abogado de los denunciantes, Hugo Granucci (sí, el que fue director de OSE y lo procesaron por irregularidades). Cuando esa nena crezca, ¿la señalarán por la calle porque Tanco hizo un informe sobre su papá? ¿O le van a gritar que es una hija de asesino?
¿Más casos?
Federico Gyurkovits escribió en Caras y Caretas sobre irregularidades en Cárcel Central como intentos de fuga, denuncias de coimas y amenazas de muerte; pero los involucrados (entre ellos “El Cotorra Loca”) se sintieron ofendidos. ¿Qué hicieron? Denunciaron.
El capitán de la Armada Jorge Jaunsolo, le inició una denuncia al diario La República por difamación e injurias, cuando allí se transcribió una entrevista al contraalmirante Oscar Lebel. Sí, sí, por transcribir una entrevista. El que la ligó fue Fasano, que quedó como único acusado, aunque la entrevista tenía autor y no era Fasano, sino el periodista Santiago Tricánico.
Pueblo chico, infierno grande: los casos del interior no tienen divulgación mediática, a no ser por los inexpresivos y austeros comunicados de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya). Ejemplo uno, Cerro Largo: cinco meses de prisión para una periodista por difamación, que hizo una nota sobre el maltrato de un policía a su hijo (sin identificar al agresor). Ejemplo dos, Colonia: cuatro meses de prisión para un periodista que no tuvo la oportunidad de defenderse ni de probar la veracidad de sus dichos.
Hace muy poquitos días, APU elaboró un proyecto de ley que contó con visto bueno del gobierno, y va a pasar a estudio del Parlamento, como bien se explica en este blog; y no en este portal de noticias, donde se indica que “una de los cambios importantes que trae la nueva ley es que será considerara la veracidad de lo publicado para la evaluación de las denuncias. Hasta el momento la Justicia no ponía en consideración si lo publicado era verdad o no, para evaluar la constitución del delito de ‘difamación e injurias’.”
En algunos de los casos que nombré, los demandantes pedían la detención y la privación de la libertad para el periodista. En otros, se pide una determinada suma de dinero. Yo me pregunto, ¿el denunciante cómo determina cuánto dinero debe recibir? ¿Hacerse acreedor de ese monto, le limpia el honor, lo deja dormir tranquilo?
Hay un recurso que está dentro de la ley de prensa que se llama Derecho a Respuesta, y consiste en que si alguien se siente ofendido o agraviado (¡Hola! ¡Difamación e Injurias!) puede solicitar ese mismo espacio para defenderse. En caso de un diario o revista, el medio deberá proporcionar al difamado el mismo tamaño de la nota en cuestión; y de ser un programa radial o televisivo, la misma cantidad de minutos al aire. “…Sin perjuicio de las penas y responsabilidad civil a que pueda dar lugar la publicación, noticia o información que provoca la respuesta”, termina el artículo 7 de la ley 16.099. O sea que luego de utilizado el Derecho a Respuesta, quien se haya sentido agraviado puede continuar con el trámite y pedir la prisión para el periodista. Pero antes, si lo que está buscando es limpiar su nombre, ¿no sería bueno aclarar los errores del comunicador al aire?
Como dicen en este artículo: “En los últimos meses, a juzgar por expresiones de algunos integrantes del gobierno, de representantes sindicales y de otras organizaciones, la culpa de los males de este país la tienen los periodistas. Es decir, se invierten los papeles, e informar -derecho que está consagrado en la Constitución de la República- termina siendo un delito. Claro, siempre es más fácil, cómodo e hipócrita matar al mensajero”.Mi última pregunta: ¿voy a poder trabajar tranquila?
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12 septiembre 2007
Recibido, publicado y comentado
1.- Ha tomado estado público que una investigación del periodista César Bianchi del suplemento Qué Pasa del diario El País, fue objeto de censura al interior de la empresa El País S.A. El informe censurado hacía referencia a la actividad del contratista Francisco Casal y su empresa Tenfield, titular de los derechos de televisación del fútbol uruguayo. El informe llevaba varios meses de trabajo y estaba prevista su publicación para el sábado 18 de agosto, pero no pudo ver la luz por una decisión al más alto nivel empresarial. Se trata de un caso grave de censura sobre asuntos de interés general, esta vez proveniente desde el propio ámbito empresarial.Estas prácticas violentan la libertad de expresión del periodista y el derecho a la información de los ciudadanos, dado que por la amplitud del informe censurado no se puede justificar en la autonomía editorial. Estas prácticas impactan directamente en el periodista víctima de censura y en el resto de los colegas que trabajan en dicha empresa, debido a que puede derivar en autocensura.
2.- La APU ha constatado que la periodista Karina Caputi que trabaja en radio FM Conaquistador de Treinta y Tres, enfrenta un clima de hostigamiento, que incluyeron presiones en su lugar de trabajo. Se trata de descalificaciones a su trabajo profesional realizada por parte de algunos ediles y un clima de enfrentamiento por parte de integrantes del Ejecutivo comunal. Llama la atención en aquel departamento la costumbre casi institucionalizada de presionar a través de la solicitud de grabaciones, práctica que es casi diaria según expresión de los propios colegas olimareños. La APU ha realizado gestiones ante el propietario de la radio y ante el propio intendente Amaral, a los efectos de advertir que las interferencias en el trabajo profesional y las presiones, son formas de censura indirecta. En adelante, el sindicato seguirá este caso de cerca.
3.- El periodista Ignacio Alvarez denunció una amenaza contra su integridad física, producida luego de que en radio Sarandí diera a conocer un informe sobre publicidad engañosa. Este tipo de amenaza también forman parte del elenco de presiones y ataques a la libertad de prensa, porque no sólo afectan sicológicamente al periodista víctima, sino que buscan amedrentar a quienes investigan sobre asuntos que afectan a la sociedad toda.
ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA
COMUNICADO DE EL PAÍS EN RESPUESTA A APU:
Un comunicado difundido ayer por la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) alerta sobre la supuesta censura que El País habría practicado sobre un artículo redactado por uno de sus periodistas, referido a la actividad empresarial del grupo Tenfield. El País no practicó censura alguna sobre el citado informe periodístico sino que consideró que el mismo no reunía las condiciones requeridas de equilibrio y relevancia informativa para su publicación, en un tema en que las posiciones suelen estar teñidas de parcialidad, personalismos y enconos recíprocos. Dicho criterio fue expuesto claramente al periodista autor de la nota. El País ha publicado y seguirá publicando información sobre la empresa Tenfield y el empresario Francisco Casal. Ello, incluso, ha provocado fricciones y reclamos de parte de ese grupo y en tales casos El País siempre defendió el profesionalismo de sus periodistas. El informe al que se hace referencia no contenía, por otra parte, noticias relevantes sobre el tema por lo que el derecho de información de los lectores nunca fue afectado. El País rechaza y lamenta la temeraria interpretación que de los hechos realizó APU, entidad que jamás tomó contacto con la empresa a fin de interiorizarse del caso.
El País S.A.
La censura a la nota de César Bianchi fue revelada por Mario Bardanca en Deporte Total del 26 de agosto. Si bien Bardanca habló de "presión o vínculos empresariales" que determinaron que ese trabajo "no salga a la luz", en ningún momento acusó a alguien en forma directa. Sí lo hizo una nota publicada la semana pasada por La República, sin firma pero con toda la pinta de ser obra de Ricardo Gabito Acevedo, que llamó a Bianchi para confirmar la censura. Según el artículo, Fernán Cisnero -actual editor de Qué Pasa- "había dispuesto que el trabajo del Licenciado Bianchi viera la luz pública en el mes de abril, pero diferentes motivos fueron postergando su publicación". Seguramente uno de ellos sea que en abril, el editor de Qué Pasa todavía era Antonio Alvarez, por lo que es altamente improbable que Cisnero tomara decisiones sobre el suplemento. Este error, que en un principio podría parecer bastante choto, pone en riesgo la credibilidad de la información consignada: si estaba pronta desde abril, sería bueno saber qué demoró su salida hasta agosto o si estuvo relacionada de alguna manera con la renuncia de Alvarez. La respuesta al primer cuestionamiento está incluida en la nota: en abril, El País había publicado datos de la oferta que había hecho la empresa Costa Balear SA (integrada por accionistas de los canales de cable Montecable y Nuevo Siglo, propiedad de Canal 4 y Canal 12, respectivamente) a la AUF por los derechos de televisación del fútbol uruguayo. La difusión de esos datos habría molestado a la empresa Tenfield -actual propietaria de los derechos-, ya que la oferta de Costa Balear era notoriamente superior. Aparentemente, Tenfield habría presionado para que se corrigieran los números publicados y este "desencuentro" sería la principal razón del postergamiento de la nota, vaya a entender uno por qué.
Más allá de estas cuestiones, es llamativo que la APU responsabilice a "la empresa El País SA" de haber sido la censora principal, aunque eso sea lo que denuncia la nota de La República. Es decir, si bien El País SA es propietaria del diario homónimo, también lo es de muchos otros productos y servicios, lo que debería haber provocado que al menos un integrante de APU (donde me consta que hay seres pensantes) levantara el teléfono, llamara a El País (SA, no el diario) y preguntara si la censura era cierta y, en caso de confirmarlo, saber a qué se debía. Acto seguido, tanto ante la negativa como la posible confirmación, esta persona debería haberse indignado al punto de emitir un comunicado, horrorizado no sólo ante la censura sino ante el hecho de que las decisiones editoriales de un diario sean tomadas por el directorio de los accionistas. Si, lo sé, estoy hablando de ética y encima pecando de naïf, pero me cuesta creer que la APU (o cualquier periodista medianamente sensato) no lo cuestione en público. Más teniendo en cuenta la insólita respuesta generada por... El País SA. No el diario El País ni cualquiera de sus directores sino la mismísima empresa propietaria, que además no tiene ninguna clase de vergüenza de proclamar que "consideró que (el informe) no reunía las condiciones requeridas de equilibro y relevancia informativa para su publicación, en un tema en que las posiciones suelen estar teñidas de parcialidad, personalismos y enconos recíprocos". O sea: nos cagamos en Bianchi, Cisnero y cualquier otro editor que ande en la vuelta (y que nosotros mismos elegimos) y hacemos lo que se nos canta porque el diario es nuestro y punto. A título personal, me encantaría conocer que tanta "relevancia informativa" tienen notas sobre "las milagrosas cremas Chamán", una noche en la discoteca Cocodrilo de Buenos Aires o la toma de la Ciudad Vieja por parte de los planchas, todas ellas escritas por Bianchi, quien seguramente todavía se debe estar preguntando por qué le vienen a hablar de información relevante cuando le permiten escribir sobre una pomada mágica. De todas maneras, los criterios de relevancia aplicados son bastante amplios. Sin ir más lejos, hace unos meses censuraron una nota un tanto crítica de la charla de Brian Weiss en el Radisson porque una de las integrantes de la familia Scheck es una fanática seguidora del nuevo gurú de la terapia de regresión y temieron que pudiera sentirse afectada si alguien le tomaba el pelo a su guía espiritual en su propio diario. En serio.
En cuanto al tercer caso denunciado por APU, nada me haría más feliz que las supuestas amenazas contra la integridad física de Ignacio Alvarez se concretaran en el menor tiempo posible. Ustedes, sean quienes sean, cuentan con mi total apoyo y devoción.
07 mayo 2007
De bueyes perdidos
La charla comenzó con una algo extensa alocución de Bleier acerca de la libertad de prensa en Uruguay y sus intenciones (y por ende, las del gobierno actual) en referencia al tema. También hizo referencia a la manoseada reforma del estado (esa de la que todos hablan pero nadie sabe muy bien qué es) que al parecer, también incluye "reglas claras" en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Si bien su afirmación de que el gobierno frenteamplista es el que, en los últimos 25 años, ha ejercido menos presión sobre los medios o periodistas provocó varios gestos de sorpresa en las caras de los presentes, los otros dos participantes confirmaron sus dichos basados en sus experiencias personales.
En medio de alguna de sus múltiples intervenciones, Bleier mencionó al pasar un hecho que en el momento no generó demasiadas reacciones, pero a la hora de las preguntas del público se convirtió en el punto más caliente de la noche. El periodista contó el caso de una colega, afín al Partido Nacional, que trabajaba en una radio del interior de la que fue despedida por su permanente postura crítica al gobierno departamental, en manos del mencionado partido. Luego de su despido, la periodista llamó a Bleier para contarle lo sucedido y acto seguido, Bleier se comunicó con el director de la radio para solicitar, con éxito, la reincorporación de la funcionaria despedida. La anécdota pasó sin demasiada pena ni gloria hasta que casi sobre el final del debate, un colega sugirió que dicha actitud era reprobable. Bleier se mostró sorprendido y se justificó diciendo algo así como que mientras estuviera a su alcance, ningún periodista sería despedido a causa de sus opiniones. Venía bien hasta que alguien le recordó que era un funcionario presidencial y que lo que él veía como su buena acción del día, otros podrían interpretarlo como un acto de presión de esos que una hora antes había aclarado que no tenía este gobierno. Pero la mejor parte llegó cuando una estudiante le manifestó su desconfianza acerca de cuán claras serían las reglas que pretendía imponer si él era el primero en corromperlas. Esta última palabra, que la estudiante pronunció en forma casi inaudible seguramente porque anticipó la respuesta, provocó que Bleier levantara su tono de voz monocorde y prácticamente le gritara que "de ninguna manera" iba a permitir que lo llamara corrupto. Las caras de sorpresa volvieron a aparecer acompañadas de alguna que otra risa por lo bajo, hasta que Bleier bajó las revoluciones y solicitó disculpas aduciendo que la sola mención de la palabra "corrupción" lo sacaba de sus casillas. Acto seguido comenzó una breve discusión gramatical entre los asistentes acerca del uso del verbo corromper, a la que Hugo Machín supo darle sabio final con un chiste de esos que le salen tan bien. Los cuestionamientos continuaron cuando el periodista Sergio Israel echó más leña al fuego al manifestarle que el error era aun más grave pensando que se trataba de un funcionario de un gobierno frenteamplista solicitando la reincorporación de una periodista que criticaba a un partido de la oposición. Acorralado por los cuatro costados, Bleier terminó admitiendo que "probablemente" había sido "un error", aunque reiteró haberlo hecho "con la mejor de las intenciones".
No se puede negar que la intención es loable, aunque errada. Casos como ese deberían ser inmediatamente trasladados a la Asociación de la Prensa Uruguaya (sobre la cual Bleier prefirió no hacer declaraciones) o hacerlos públicos para evitar suspicacias. Es de suponer que haya cometido el error por su inexperiencia en un cargo asumido 9 meses atrás aunque siendo asesor de comunicación de un presidente que ha sabido identificar públicamente a los medios "opositores" con nombre y apellido, debería medir un poco más el alcance de sus decisiones.