Demandá que es gratis

O yo estoy demasiado atenta al tema, o realmente rompe los ojos. En los últimos meses hubo varios casos de periodistas y comunicadores que se enfrentaron (o se enfrentan) a juicios por “difamación e injurias”. Cuando Daniela me invitó a participar en Cursos (y espero que con esto me pase a mejor vida), se me ocurrió escribir al respecto. Buscando más información sobre los casos en cuestión, me encontré con otros que no conocía, que no tuvieron repercusiones en los medios.



Quizá todos recordamos a Ana María Mizrahi, periodista de Canal 5, soportando los caprichos de Celeste Álvarez, sobrina del Goyo. “La Turca” entrevistó al ex tupamaro, José Luis Rodríguez, que acusó de asesino a Artigas Álvarez (padre de Celeste). La niña se sintió ofendida, y ¿qué hizo? Denunció a Mizrahi. No se quejó de Rodríguez, sino de Mizrahi. Lo que pretendía la sobrina del Goyo era que la periodista “detuviera” los dichos del entrevistado, a lo que Mizrahi respondió: “Yo no voy a censurar”. Parece lógico ¿no? Digo, la parte en que el periodista se ocupa de hacer preguntas.

La etapa del juicio es muy pintoresca, allí se sumaron la carencias de la justicia (como no saber hacer funcionar un dvd para ver la entrevista), la falta de respeto por parte de la fiscal Brenda Puppo (que olvidó apagar el celular e hizo retirar a los camarógrafos y fotógrafos de la sala, a pesar de ser una audiencia pública) y la evidente desinformación de la fiscal, que no sabía cómo se llamaba el programa de la Turca en Canal 5 (se llama “La noticia y su contexto”, Brenda). ¿Desde cuándo un periodista tiene que explicar por qué le pareció noticioso el tema a tratar, por qué eligió ese invitado, por qué pregunta tal o cuál cosa, o si conocía de antemano las respuestas del entrevistado?

En 2006, la Suprema Corte de Justicia condenó al periodista Carlos Dogliani a cinco meses de cárcel. El motivo: difamación al entonces intendente de Paysandú, Álvaro Lamas. En varios de sus artículos del año 2004, Dogliani lo acusó “la dudosa exoneración del impuesto sobre una deuda de 300.000 dólares, contraída en una inversión inmobiliaria”, como indicó Reporteros Sin Fronteras. Cuando un periodista debe demostrar la veracidad de sus dichos, pero no puede revelar fuentes: ¿qué hace? ¿Va preso?

Roger Rodríguez es uno de los pocos periodistas que investigó a fondo los crímenes de la Dictadura. Tres publicaciones suyas involucraban al militar retirado Eduardo “Zapato” Mangini en la muerte del estudiante Santiago Rodríguez Muela, ocurrida en 1972 en el liceo nº8. Esto derivó en que el “Zapato” Mangini lo acusara por difamación e injurias. ¿Cómo falló la justicia? “No hubo intención de difamar sino de informar”. Coincido con Marcelo Jelen en que “el periodista Roger Rodríguez tiene muy mala suerte o las leyes vigentes ahora en Uruguay funcionan igual que en la dictadura, 23 años después de la restauración democrática, si de libertad de expresión y búsqueda de la verdad se trata”.

Parece ser una moda, que posibles y confirmados violadores o asesinos ocupen su tiempo (y se ganen unos minutos en televisión) en denunciar a comunicadores. No hace mucho, le tocó el turno al ya difunto programa de Canal 10, La Culpa es Nuestra. El conocido Pablo Goncálvez (conocido por asesinar a tres mujeres y por aún declararse inocente) reclama cuatro millones de pesos por parte de los responsables del programa (Gonzalo Cammarota, Jorge Piñeyrúa y Carlos Tanco, aclaremos, no en su calidad de Darwin Desbocatti). El “problema” fue que Tanco hizo un informe sobre el hacinamiento carcelario, los presos “vip” y la posibilidad de una revista “Caras” para los muchachos privados de libertad. Las imágenes mostraban cómo se amontonarían, y el que aparecía primero (es decir, atrás) era Goncálvez. El serial killer, como se cuenta acá, debe tener una imaginación bastante desarrollada, ya que asumió que ese informe lo mostraba teniendo un acercamiento sexual con el resto de los personajes del informe. Además de tener una imaginación desarrollada, tiene una la web oficial tan bizarra como la situación de que se sienta ofendido ante un informe humorístico de televisión. Sí, porque el tape “perjudicó moralmente” a Goncálvez, su esposa y su hija de un año de edad, según dijo el abogado de los denunciantes, Hugo Granucci (sí, el que fue director de OSE y lo procesaron por irregularidades). Cuando esa nena crezca, ¿la señalarán por la calle porque Tanco hizo un informe sobre su papá? ¿O le van a gritar que es una hija de asesino?

¿Más casos?

Federico Gyurkovits escribió en Caras y Caretas sobre irregularidades en Cárcel Central como intentos de fuga, denuncias de coimas y amenazas de muerte; pero los involucrados (entre ellos “El Cotorra Loca”) se sintieron ofendidos. ¿Qué hicieron? Denunciaron.

El capitán de la Armada Jorge Jaunsolo, le inició una denuncia al diario La República por difamación e injurias, cuando allí se transcribió una entrevista al contraalmirante Oscar Lebel. Sí, sí, por transcribir una entrevista. El que la ligó fue Fasano, que quedó como único acusado, aunque la entrevista tenía autor y no era Fasano, sino el periodista Santiago Tricánico.

Pueblo chico, infierno grande: los casos del interior no tienen divulgación mediática, a no ser por los inexpresivos y austeros comunicados de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya). Ejemplo uno, Cerro Largo: cinco meses de prisión para una periodista por difamación, que hizo una nota sobre el maltrato de un policía a su hijo (sin identificar al agresor). Ejemplo dos, Colonia: cuatro meses de prisión para un periodista que no tuvo la oportunidad de defenderse ni de probar la veracidad de sus dichos.

Hace muy poquitos días, APU elaboró un proyecto de ley que contó con visto bueno del gobierno, y va a pasar a estudio del Parlamento, como bien se explica en este blog; y no en este portal de noticias, donde se indica que “una de los cambios importantes que trae la nueva ley es que será considerara la veracidad de lo publicado para la evaluación de las denuncias. Hasta el momento la Justicia no ponía en consideración si lo publicado era verdad o no, para evaluar la constitución del delito de ‘difamación e injurias’.”

En algunos de los casos que nombré, los demandantes pedían la detención y la privación de la libertad para el periodista. En otros, se pide una determinada suma de dinero. Yo me pregunto, ¿el denunciante cómo determina cuánto dinero debe recibir? ¿Hacerse acreedor de ese monto, le limpia el honor, lo deja dormir tranquilo?

Hay un recurso que está dentro de la ley de prensa que se llama Derecho a Respuesta, y consiste en que si alguien se siente ofendido o agraviado (¡Hola! ¡Difamación e Injurias!) puede solicitar ese mismo espacio para defenderse. En caso de un diario o revista, el medio deberá proporcionar al difamado el mismo tamaño de la nota en cuestión; y de ser un programa radial o televisivo, la misma cantidad de minutos al aire. “…Sin perjuicio de las penas y responsabilidad civil a que pueda dar lugar la publicación, noticia o información que provoca la respuesta”, termina el artículo 7 de la ley 16.099. O sea que luego de utilizado el Derecho a Respuesta, quien se haya sentido agraviado puede continuar con el trámite y pedir la prisión para el periodista. Pero antes, si lo que está buscando es limpiar su nombre, ¿no sería bueno aclarar los errores del comunicador al aire?

Como dicen en este artículo: “En los últimos meses, a juzgar por expresiones de algunos integrantes del gobierno, de representantes sindicales y de otras organizaciones, la culpa de los males de este país la tienen los periodistas. Es decir, se invierten los papeles, e informar -derecho que está consagrado en la Constitución de la República- termina siendo un delito. Claro, siempre es más fácil, cómodo e hipócrita matar al mensajero”.Mi última pregunta: ¿voy a poder trabajar tranquila?

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