Anestesistas S.A.

Nota de tapa de Caras y Caretas del 21 de setiembre.

Los camioneros del CURARE
Las renuncias efectivizadas por 57 de los anestesistas del Hospital Pereira Rosell provocaron la puesta en marcha de un plan de contingencia, ideado por el Ministerio de Salud Pública para evitar la omisión de asistencia a los pacientes que se atienden en ese nosocomio, en particular mujeres y niños.

Por Leandro Grille

Ayer a las nueve de la mañana ASSE abrió el llamado para la provisión de cargos de anestesistas con el objetivo de sustituir a los renunciantes, con tres tipos de categorías contractuales: de 96 horas por mes y un salario de 19.872 pesos, 144 horas por 30.432 y 196 horas por 41.616 pesos mensuales. El piso de la retribución en el llamado es de 207 pesos la hora, tal como se acordó en el documento firmado en las negociaciones que se realizaron en el Parlamento. El techo es de 216 pesos.

La corporación de anestesistas, pese a haber dicho que no haría nada contra el llamado, en una contraofensiva singular convocó al resto de los especialistas que trabajan en las demás dependencias de Salud Pública de Montevideo a renunciar solidariamente, porque, según declaraciones de su dirigente José Carlos Vera, el llamado del ministerio "da risa", puesto que en cualquier entidad privada los anestesistas ganan más.

Ayer de tarde, tras las primeras horas de apertura del concurso de oposición y méritos, nadie se había presentado "presencialmente"-valga la redundancia- ante la División Recursos Humanos del Hospital Pereira Rosell, pero llamaban por teléfono de modo de evadir la mirada de la Sociedad de Anestesiología, que en la voz de su presidente José Vera, "quería ver" quién se presentaba.

En conferencia de prensa realizada en la tarde de ayer en el local de la corporación, la Sociedad de Anestesiología anunció que la mayoría de los anestesistas de Montevideo renunciaba a partir de la hora 0 del día de hoy a sus cargos en Salud Pública. El gobierno se disponía a decretar nuevamente la esencialidad y a no aceptar las nuevas renuncias por ilegales, dado el marco en el que se producen.

GOLPE BAJO
Los anestesistas no peleaban por la plata, peleaban por las condiciones de trabajo. Así era su discurso en el momento más dramático del conflicto. Casi que peleaban contra un decreto de esencialidad. Su pelea era moral, contra el despotismo ministerial, contra el "revólver en el pecho" que los quería obligar a ir a trabajar. Todo eso era así, hasta ayer. Ayer quedó claro que la pelea, que el conflicto, que las renuncias eran únicamente por la plata. No tenían ni tienen otro objetivo que exigir lo que creen que pueden lograr ahora, que gobierna la izquierda. Más dinero y, por supuesto, que nadie les obligue a cumplir con su horario de trabajo. Antes nunca se habrían atrevido a esto. Jamás.

Su prédica fue mendaz, su reclamo verdadero era inconfesable por su improcedencia en un país pobre, de gente mayoritariamente pobre, de más de 200.000 personas atendidas por un Plan de Emergencia, de más de un millón y medio de personas que ganan menos de 8.000 pesos trabajando el doble o el triple y sin ausentismo ni tarjeteo ni nada.
Transcurrida la mitad del período de gobierno, pocos trabajadores públicos han obtenido mayores incrementos salariales que el personal médico y, entre los médicos, pocos ganan más que los anestésico-quirúrgicos. Su exigencia era impresentable e inatendible, pero lo peor, lo que evidenció el carácter no sindical sino mafioso de la corporación, fue el método: chantajear a la sociedad uruguaya poniendo en vilo la salud de los pobres en un plan concertado para crear la alarma, la preocupación, el miedo de la gente más pobre de Uruguay, empezando por los niños del Pereira y continuando por cada uno de los hospitales públicos.

Si todos o la mayoría de los anestesistas renuncian, no hay plan de contigencia que valga. La esencialidad puede contribuir a aminorar el problema, pero tan sólo mientras pueda durar la esencialidad. Nada es para siempre. La solución de fondo, por más que a la izquierda le pueda costar, es asumir que no estamos ante un gremio o ante una reivindicación gremial legítima sino ante una corporación capaz de soslayar la importancia del derecho a la vida ante sus pretensiones económicas. Ello junto a la excepcional capacidad de extorsión que puede exponer una comunidad profesional bloqueada, imprescindible, y con un cupo de menos de 10 personas por año* para su especialidad en la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina.

LA CORPORACIÓN
Si bien esto nunca pasó en Uruguay, la izquiera mundial tiene mucha experiencia en el poder conspirativo y destructivo de las corporaciones, tanto empresariales como profesionales. Cada uno es capaz de medir la dimensión del daño que puede provocarle a la sociedad si se ausenta o paraliza sus actividades o, llegado el caso, si resuelve no trabajar para el sistema público utilizando como un elemento de negociación o de poder su condición monopólica, en este caso, del conocimiento obtenido en estudios financiados por toda la sociedad.

No hay más anestesistas en Uruguay que los formados en la Universidad de la República. Y, lamentablemente, pese a la gratuidad, en la Universidad todavía no estudia el que quiere sino el que puede, y de los muchos que pueden empezar, muchos menos pueden continuar sus estudios hasta el egreso. Eso convierte a todo universitario en un privilegiado, más allá del derecho que todos tenemos a estudiar y del esfuerzo que ello le implique al estudiante.
Semejante privilegio supone obligaciones legales y morales. La primera obligación de los profesionales universitarios de la salud es no dejar nunca a la sociedad sin asistencia.

Si es controversial en la propia comunidad sanitaria la procedencia de las huelgas médicas, resulta indiscutible que el mecanismo de la renuncia masiva, concertada, que no puede admitir ni siquiera la guardia gremial o la atención excepcional de los casos de urgencia, es, en la práctica, un monumento a la omisión de asistencia. Es mucho más grave que una huelga, es el abandono de la gente a su suerte, imposibilitada de gozar de una atención, ya no digna, mínima. Es un escándalo civil que debería estar previsto en la primera página del código deontológico, una deserción contra el pueblo, una traición dirigida contra los más débiles de nuestra sociedad. Todo porque no les sirve ganar 42.000 pesos por trabajar seis horas al día, pero mucho menos les sirve que esas horas se las exijan efectivamente.

Para resolver el problema de fondo hay que quebrar a la corporación. Si es necesario, abriendo las fronteras a otros médicos más comprometidos con los pobres. Para hacerlo hay que entender que se está ante eso. No ante una sociedad científica y menos ante un gremio. Estamos frente a una corporación, como los camioneros chilenos, pero en lugar de administrar camiones, administran la supresión farmacológica del dolor. Una corporación que -basta hablar con la gente para darse cuenta- ya perdió el conflicto en la sociedad, pero mucho antes perdió la vergüenza, y aún batiéndose en retirada, puede hacerle todavía mucho daño a la gente.

¿Listo?¿Terminaron? Bueno, ahora hagan lo siguiente:
1) Imaginen que esa nota no la escribió Leandro Grille.
2) Dejen de lado la descomunal burrada que habla de un país "de más de un millón y medio de personas que ganan menos de 8.000 pesos trabajando el doble o el triple"
3) Por último, exprímanla bien para eliminar toda la apestosa demagogia que contiene.

Si se siguen los pasos en forma correcta, se obtendrá una idea aproximada de lo que pienso de ese nido de sátrapas roñosos más conocido como Sociedad de Anestesiología.

* El cupo limitado obedece a que la Sociedad de Anestesiología está tan temerosa de que sean demasiados y se le termine el curro, que determina el número de plazas anuales para el ingreso según la cantidad de miembros que se hayan muerto o jubilado durante los 12 meses anteriores.